Impugnan 14 países ley antimigrante de Utah

Periódico El Universal (México)

 Un bloque de 14 países latinoamericanos encabezados por México, presentaron ante la Corte de Distrito de Estados Unidos con sede en Salt Lake City, Utah, un escrito de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), contra la ley antimigrante HB 497 que fue promulgada en ese estado el 15 de marzo pasado, cuya entrada en vigor está suspendida por las demandas presentadas por organizaciones civiles.

Con esta medida los gobiernos buscan que al momento de emitir su fallo en julio próximo sobre si la norma es o no inconstitucional, el juez que tiene a su cargo el expediente tome en cuenta la oposición de estos países a la referida ley.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el documento al que se sumaron los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay fue entregado ayer a la Corte estadounidense en Utah.

Los argumentos enviados por estos países formarán parte de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por diversas organizaciones civiles en contra de la ley HB 497, como la Utah Coalition of La Raza.

Estas demandas permitieron que el 10 de mayo pasado el juez Clark Waddoups ordenara la suspensión provisional de la entrada en vigor de la ley, que entre otras disposiciones permite a la policía verificar el estatus de ciudadanía de cualquier persona detenida, sin importar la gravedad del delito.

Las organizaciones que impugnaron la norma dicen que es inconstitucional, pues está en contra de la ley federal vigente que establece que se requiere que la policía verifique el estatus migratorio de una persona en Estados Unidos sólo si es detenida por un delito grave, y que la aplicación de la ley podría tener tintes raciales y traer daños irreparables.

A estos argumentos se anexará el escrito de “Amigo de la Corte” enviado por 14 países latinoamericanos que dicen que la HB 487 “contiene disposiciones que criminalizan la migración y que pueden propiciar su aplicación selectiva. Su implementación podría afectar los derechos civiles de los nacionales –de todos los países firmantes- que residen en Utah o visitan el estado”. La última palabra la tendrá la Corte de Distrito en Salt Lake City, Utah, el 14 de julio.

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